Cuba, la Unión Europea y los DDHH

Hasta ahora, la política de la Unión Europea (UE) hacia Cuba, a través de la llamada Posición Común (PC), era un buen referente internacional en materia de Derechos Humanos. Hoy, lamentablemente, está dejando de serlo.

La política de los 27 países integrantes de la UE hacia Cuba se encuentra regulada desde 1996 por la PC (a propuesta del gobierno español de entonces), por la cual se condiciona las relaciones con el gobierno cubano a la promoción de la democracia y al respeto de los DDHH, defendiendo el contacto directo con los disidentes, bajo la expectativa de beneficios económicos para la isla. En los hechos, y a pesar de las protestas del régimen cubano, la PC es una mera recomendación, no una norma de obligatorio cumplimiento, y sus “sanciones” han quedado reducidas, por ejemplo, a la recomendación de invitar a disidentes a las fiestas diplomáticas, “sanciones” que finalmente se han eliminado. La PC es un instrumento que los estados europeos no aplican, ya que trece estados tienen acuerdos bilaterales con el gobierno cubano y, además, la UE es el principal socio comercial de Cuba, con un tercio de todos sus intercambios.

Pero que su aplicación haya quedado reducida a poco, no implica desmerecer el gran significado simbólico de la PC: Más allá de la incoherencia de los gobiernos europeos, la PC daba legitimidad, protagonismo y cobertura a la oposición cubana, además de ser un recordatorio permanente sobre el real carácter dictatorial del régimen de los Castro, ¡una dictadura sangrienta de más de 50 años!

Hace unos días, sin embargo, la UE anunció el futuro cambio de su PC (“flexibilización” le llama), aduciendo supuestas “mejoras” en DDHH y “la evolución positiva en la política” en Cuba, a fin de explorar en su lugar un acuerdo bilateral, que permita normalizar las relaciones a mediano plazo. La decisión europea cuenta con el beneplácito de Cuba, que no exigirá como anteriormente, la eliminación previa de la PC para negociar. Réparese en que de concretarse la derogación de la PC, Cuba será el único país al que no se le exijan requisitos democráticos para beneficiarse de un acuerdo de cooperación con la UE.

Las razones aducidas por los ministros europeos de Exteriores son una evidente falsedad. En cualquier caso, si la situación de DDHH en Cuba ha cambiado, sólo ha sido para peor. Así, mientras en 2010 se produjeron 2047 “detenciones arbitrarias de personas en el ejercicio de derechos universalmente reconocidos”, en 2011 fueron 4123 y en lo que va de 2012 la cifra ya asciende a 5625, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Adicionalmente, en la isla hay “82 sancionados o procesados por motivos políticos”, dice la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

¿A que obedece pues el cambio de la PC? Todo parece indicar que ha sido a excitativa del gobierno español, que sigue siendo el principal orientador de la UE en su política hacia los países latinoamericanos, a pesar del creciente protagonismo económico de Alemania en la región, por ejemplo. Al respecto, el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, ha venido funcionando como portavoz y defensor oficioso de la decisión. Para dar credibilidad a las razones aducidas, el Partido Popular (PP) español, en el poder, ha señalado que “No vamos a renunciar a nuestros principios”, pero ¿se puede confiar en este ofrecimiento por parte de un partido que en un año de ejercicio de poder ni su plataforma electoral ha respetado?

Indudablemente la principal motivación del gobierno español al impulsar la derogación de la PC, tiene que ver con dar seguridades a las crecientes inversiones de empresas españolas en la isla, cuyos beneficios le permiten aliviar en parte los apuros económicos en la península. Probablemente también tenga que ver el llamado caso Carromero, sobre el cual ya hubo una condena en firme hace unas pocas semanas y, desde entonces, el ministerio de Exteriores ha comenzado las gestiones con las autoridades de La Habana para intentar que el político español pueda regresar cuanto antes a su país.

A vistas del cambio de política del gobierno de Mariano Rajoy, queda claro que el verdadero rehén de Cuba es el Partido Popular (PP), no Carromero. También resulta evidente que para el PP español y para muchos gobiernos europeos, el interés está por encima de cualquier principio, por lo que en medio de la dura crisis del euro, no hay espacio para defender los DDHH. Al menos por un buen plazo.

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