América Latina: Democracias que retroceden en DDHH

Hace unos días, Human Rights Watch (HRW), una muy reconocida y respetada organización de protección de los derechos humanos (DDHH), publicó su Reporte 2013 sobre el estado de los DDHH en el mundo. El reporte cuenta con una amplia sección sobre América Latina que vale la pena analizar.

La lectura detallada de los capítulos dedicados a 13 países latinoamericanos, deja ver dos grandes tendencias en la región, que permiten observar cómo a pesar de su relativa democratización, América Latina parece estar retrocediendo en los estándares internacionales en materia de DDHH: Por un lado, la reiterada manipulación de las instituciones judiciales por parte de los ejecutivos en países como Ecuador, Bolivia, Honduras, Venezuela, aniquila cualquier división de poderes y abre la posibilidad del uso político partidista de la justicia, lo que ciertamente se ha hecho en esos y otros países, como demuestra el reporte de HRW con casos reales y verificables.

La otra tendencia tiene que ver con el amplio marco de acción que se tolera al Ejército y el que los militares salvaguarden sus tribunales especiales como aparatos no sujetos a la justicia ordinaria, lo que prohíja la impunidad y con ello, la reiteración en las violaciones a los DDHH, tal como dejan ver los casos de Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú…

No destacar este par de tendencias y fijarlas dentro de una agenda de reformas prioritarias en América Latina, sólo significará un mayor deterioro de la legalidad y de las garantías y derechos individuales en la región.

Adicionalmente, el reporte de HRW asume como uno de los pocos progresos destacables en la región, el de la persecución de delitos provocados por las dictaduras militares, específicamente en Argentina y Brasil (Guatemala también, aunque no lo destaca como los otros dos países). Seguramente HRW tiene razón en ello, pero mi visión es que otro de los grandes hitos de los últimos años en materia de DDHH, ha sido el avance en el reconocimiento de derechos a las uniones homosexuales y el otorgamiento de garantías jurídicas a minorías sexuales en países tan variados como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México o Uruguay. Es una lástima que HRW no lo señale como una tendencia destacable en la región, porque abonaría mucho en su legitimidad y fortalecimiento. Sin embargo, dos hitos no alcanzan a subsanar el deterioro generalizado de los DDHH en la región.

Al respecto, el reporte fija como escenarios de violación sistemática de derechos humanos a dos países: Cuba y Venezuela. Sobre el primero, señala que Cuba es el país con la peor situación de DDHH en la región: “Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político”. Así, en Cuba no se reconocen garantías jurídicas ni debido proceso a opositores, defensores de DDHH, periodistas, presos políticos…

En relación a Venezuela, el reporte reconoce que durante los 14 años de gobierno del presidente Chávez “la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a venezolanos que critican al presidente o se oponen a su agenda política. El Presidente Chávez y sus partidarios han abusado de su poder en una gran variedad de casos que han afectado al poder judicial, los medios de comunicación y defensores de derechos humanos”.

En relación al agravamiento en la problemática de ambos países y de otros más, el reporte destaca cómo el sistema interamericano de DDHH ha tenido un rol importante y hasta insustituible en la respuesta ante los principales problemas de DDHH en América Latina, particularmente en lo que toca a la labor de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH). También señala como el ataque a la CIDH no proviene únicamente de los conocidos casos de Ecuador y Venezuela, sino también de Brasil. Al respecto, cabe mencionar que se haya programada para marzo próximo, una reunión de cancilleres en el seno de la OEA, donde se van a tomar decisiones que ojalá no concluyan en reformas que limiten la acción de la CIDH y de su Relatoría para la Libertad de Expresión.

Sobre este tema, me preocupa el perfil del reporte que no asume con la misma energía la persecución a la libertad de expresión en Argentina, por ejemplo, y se pierde en las disquisiciones legales del tema, planteadas (claro) desde el gobierno. Es preocupante que el informe tampoco destaque la utilización facciosa de leyes “antirracistas” en contra de la libertad de expresión en Bolivia (al respecto, ¿corresponde al estado castigar expresiones racistas en los medios privados, antes que a sus propios lectores?). Aunque afecten sólo a empresas privadas de medios de comunicación, las violaciones a las libertades no por ello dejan de ser violaciones, algo que los redactores de ambos capítulos del informe parecen no considerar. Allí se extraña la misma firmeza con HRW resalta la persecución a las libertades de prensa y de expresión en Ecuador y Venezuela.

Cabe mencionar otro aspecto del Reporte 2013 de HRW: el argumento de que instituciones públicas norteamericanas como el USAID financian a ONG’s para criticar y sabotear a los gobiernos, lo que es denunciado sistemáticamente por Venezuela, Ecuador, Bolivia o Cuba, es desacreditado en el reporte, calificándolo de “acusaciones infundadas y peligrosas” ya que “no existen pruebas creíbles de que la independencia e integridad de su trabajo (de las ONG’s) se haya visto comprometida” por recibir financiamiento externo. Las leyes creadas para prohibir el financiamiento internacional a las ONG’s, por ejemplo en Ecuador y Venezuela, son correctamente ubicadas en el informe como herramientas gubernamentales para perseguir, intimidar y desacreditar a defensores de derechos humanos.

El capítulo nacional más amplio sobre América Latina es el que corresponde a México, síntoma del grave deterioro de los DDHH en el país durante el gobierno de Felipe Calderón. A este respecto, es preocupante la falta de posición del gobierno Peña Nieto sobre las afirmaciones de HRW en relación a las numerosas violaciones de DDHH en el país por parte de militares y fuerzas de seguridad, la impunidad prohijada por las propias autoridades mexicanas, el sistemático uso de la tortura y el más alto índice de desapariciones que presenta una democracia en América Latina. Ojalá que las reuniones proyectadas por HRW con el nuevo gobierno se concreten y podamos, así, tener un posicionamiento del nuevo gobierno mexicano y propuestas creíbles de solución.

Al respecto, el reporte deja traslucir (sin afirmarlo tajantemente) que países como Brasil, Guatemala y Honduras pueden estar en el inicio de una situación tan grave como la de México, en materia de abusos a DDHH por parte de fuerzas armadas y policiales, y en agresiones y persecuciones a periodistas y defensores de derechos humanos.

Al respecto, el reporte subraya, una y otra vez, como las instituciones norteamericanas han evaluado y detenido en su caso, la ayuda militar y la asistencia a países con casos sistemáticos de violación a DDHH. Es importante detenerse un poco en ello, ya que si las instituciones norteamericanas lo han hecho y se destaca, no sucede lo mismo con instituciones como las europeas. Así, el Reporte 2013 habla de cómo la crisis económica ha hecho que los DDHH pasen a segundo plano en la política interna de muchos países europeos. Pero lo que el reporte de HRW no observa es que igual traslado de prioridades se ha dejado ver en la política exterior de la UE, como deja ver el abandono de la Posición Común sobre Cuba, y que ya traté con anterioridad.

Finalmente, debo señalar algo que me desconcertó: Las reiteradas violaciones a la propiedad en nuestra región no existen para el reporte, con excepción de una mención en el capítulo sobre Argentina y que la hace, al parecer, por tratarse de indígenas y por el número de éstos que afectó, no por ser un derecho humano a tutelar con independencia de cualquier otra consideración. Sería bueno ver en ediciones posteriores un compromiso más claro de HRW sobre este punto.

Fuera de este último reparo, el Reporte 2013 de HRW es un documento que debe conocerse, difundirse y estudiarse dentro de la concepción de nuevas, mejores y oportunas políticas publicas en América Latina.

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