El descuartizamiento de toda legalidad en Latinoamérica

El canciller venezolano, Elías Jaua, fue saludablemente claro hace unos días: Anunció que el gobierno venezolano no aceptaría una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del ilegítimo cierre del canal de televisión RCTV (2007) a manos del entonces presidente Hugo Chávez, colocándose así, voluntaria y llanamente, al margen de todo ordenamiento jurídico internacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Si la Corte decide que tenemos que restituirle la frecuencia a un determinado grupo económico, tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión”, destacó Jaua.

Ya sabíamos que el régimen venezolano había abandonado, de tiempo atrás, cualquier pretensión de formalidad legal y todo respeto a libertades y derechos, pero nunca lo había dicho tan abiertamente, sin disimulo. El caso emblemático del cierre de RCTV (2007) y la persecución contra su dueño, Marcel Granier, vuelve ahora para recordarnos precisamente que al chavismo no le han faltado coherencia ni perseverancia en el ejercicio político de la injusticia, la indecencia, la maldad.

Pero lo más grave es que el ejemplo venezolano se ha multiplicado, al menos con los gobiernos de Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Esto ante la indiferencia generalizada (¿o conveniencia cómplice?) del resto de los gobiernos latinoamericanos, desde México hasta Brasil. Al respecto, basta observar el fasto de estado que se dio a la reciente visita de Nicolás Maduro a Brasil y Uruguay (en la Argentina kirchnerista no era esperable otra cosa), aún en contra de las dudas sobre su elección y de que el proceso de recuento de votos en Venezuela no ha concluido, para constatar la descomposición ética y legal de los actuales gobernantes de la región.

Tras la ilegal pero exitosa re-reelección de Daniel Ortega en Nicaragua en 2011, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia nica y de todos los gobiernos de la región, pasando por encima de los límites marcados por el Artículo 147 de la Constitución Política, ahora Evo Morales en Bolivia se apresta a seguir el mismo camino para intentar en 2014 su tercer mandato consecutivo desde el 2006, a pesar de la clara prohibición del Artículo 168 de la Constitución boliviana. Morales ya contó con la connivencia del Tribunal Constitucional y sus aliados ahora están reformando la ley sobre las rodillas para evitar un mayor cuestionamiento jurídico a Morales en su proyecto de re-reelección.

Desde hace tiempo se menciona que similar tentativa re-reeleccionista podría ponerla en práctica la presidenta Fernández de Kirchner en Argentina, a pesar de idéntica prohibición constitucional. Pero por ahora ella está enfrascada en derrotar y colonizar al Poder Judicial argentino, a pesar de la crítica internacional y la creciente protesta interna, así como en destruir todo vestigio de libertad de prensa en su acometida contra el Grupo Clarín y el diario La Nación, además de quedarse con la empresa Papel Prensa, a fin de controlar la producción nacional de papel para diarios y la importación de ese insumo básico del periodismo gráfico, lo cual representa, como advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un “nuevo y grave retroceso” para la libertad de expresión en Argentina. Al unísono, el kirchnerismo ha pasado al acoso directo contra periodistas críticos (mientras deja sin investigar a supuestos testaferros del matrimonio Kirchner), a la manipulación ideológica y política sobre niños y jóvenes en escuelas públicas y privadas, y al advenimiento de una especie de monarquía mediática: En sus últimos tres años de gestión, la presidenta lleva registradas alrededor de 50 cadenas nacionales y ni una sola conferencia de prensa, instaurando un nuevo y lamentable estilo de comunicación política en la Argentina.

Derribamiento de la independencia de poderes, acorralamiento de jueces, criminalización de la libertad de información, amedrentamiento de opositores, así como multas, cierres y persecución legal de medios de comunicación, tal es también el resultado de los dos gobiernos sucesivos de Rafael Correa, quien está a punto de iniciar su tercer mandato en Ecuador, donde por cierto, la organización Freedom House acaba de mencionar que se vive uno de los deterioros más acusados en materia de libertad de expresión: ese país refleja la segunda baja de puntuación más grande en el mundo en los últimos 5 años. A ello sumemos los insistentes esfuerzos de Ecuador por debilitar el sistema regional de derechos humanos.

Persecución y acometimiento contra medios de comunicación y opositores, sometimiento del Poder judicial y del Legislativo, cambio de jueces por juzgadores amigos, expropiación de propiedades con la única finalidad de saciar el capricho del líder máximo o por mero cálculo político, reinterpretación y rehechura de las leyes para que éstas expresen lo que el líder quiere que digan, elecciones sin las condiciones mínimas de imparcialidad y justicia, un paulatino pero continuado retroceso de los avances logrados en los derechos humanos en la región desde los nefastos días de la Guerra Fría… ¿No resulta evidente que algunos gobiernos de América Latina ya han comenzado a cruzar la frontera del totalitarismo, acompañando en ese casillero a la dictadura cubana? Y tienen como fondo el silencio encubridor del resto de los gobiernos de la región.

@victorhbecerra

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